El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena contra el intendente de Perugorría Juan Ramón Castellanos, por derribar la casa de un vecino. El hecho ocurrió el 9 de diciembre de 2021 en el barrio La Tablita de esa localidad. Se lo sentenció a un año y seis meses de prisión y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por usurpación en concurso ideal con abuso de autoridad, según el Código Penal. La sentencia dictada inicialmente en abril de 2024 por el Tribunal Oral de Mercedes, quedó firme tras el rechazo del recurso de casación. Primeramente fue considerado culpable por el Juez de Juicio Unipersonal, Ramón Alberto Ríos. Ahora el sueño de Castellanos de convertirse en legislador provincial a partir de 2025 cuando cumpla su mandato de dos periodos al frente del municipio, se verá truncado. Castellanos es otro de los jefes comunales considerados de mendigo a millonario. De ser alambrador de campos, terminó tiendo sus chacras propias con animales vacunos, vehículos 4 x 4 y buen pasar económico. En el pueblo todos saben quién era y de que vivía Castellanos antes de llegar a controlar la municipalidad. El otro dato, informado hasta el cansancio por Noticias Taragüí, es que Castellanos tuvo tres momentos de fama. Uno, cuando se pavoneó diciendo que no cobraría su sueldo de intendente, para alivianarle los gastos la municipalidad. Fue noticia nacional, pero macaneó. Otro, cuando a mediados de 2020, se descubrió que entre junio y diciembre de 2018, imprimió y le falsificó un facturero a un changarín de la comuna, identificado como Juan Ramón Leiva, para cobrarle con esta maniobra, obras públicas al municipio que el mismo administraba.
Periodismo de Investigación
Más historias
«¡Mamá, mamá!» de un hijo del delito
Un motociclista murió contra un camión
Violencia, golpiza, abuso e impunidad